Es una jugada de adopción masiva y sancionada por el estado. Informes recientes muestran que el IRGC y entidades vinculadas al estado ahora controlan una gran parte del flujo local de criptomonedas—más de $3 mil millones solo en el último año—usándolas para evadir sanciones y mantener la economía en marcha. Incluso han implementado un marco regulatorio formal que trata las criptomonedas como propiedad sujeta a impuestos, lo que indica que ya no solo dejan que la gente comercie en la clandestinidad; quieren su parte de la acción para financiar al estado.