Acabo de ver cómo Argentina vuelve a revivir esos momentos que preferiríamos olvidar. Ayer en el Congreso fue prácticamente un espejo del caos que vivimos hace años con la reforma previsional, solo que esta vez el conflicto giró en torno a la reforma laboral. Piedras, balas de goma, camiones hidrantes y bombas molotov en plena Avenida Rivadavia. La violencia eclipsó completamente lo que debería haber sido un debate serio de fondo.

Lo preocupante no es solo la escena callejera, sino lo que representa para la gobernabilidad del país. El Gobierno está intentando acercar posiciones con gobernadores y la CGT para lograr la aprobación, pero cada incidente así debilita la capacidad de negociación política. Y aquí viene lo crucial: si esta reforma laboral no sale adelante, la gobernabilidad se resquebraja aún más y el resto de las reformas estructurales que tiene en carpeta simplemente no van a prosperar.

Lo que muchos no ven es que el FMI y los mercados financieros están observando esto con lupa. No se trata solo de que Argentina consiga los fondos o acumule reservas. Se trata de qué tan predecible es el marco normativo que el país puede ofrecer. Un Gobierno que no logra legislar pierde credibilidad internacional, y eso tiene un costo real en términos de inversión y confianza.

El oficialismo introdujo numerosos cambios al proyecto original para poder sacarlo adelante, lo que muestra hasta dónde está dispuesto a ceder con tal de demostrar que tiene gobernabilidad. Es casi una cuestión de supervivencia política para ellos, especialmente después de los resultados electorales recientes que fortalecieron sus bloques. Si fracasan ahora, el mensaje que envían es que no pueden gobernar.

La verdadera incógnita es si esta reforma laboral realmente va a romper con más de una década de estancamiento en el empleo privado registrado. Porque sin eso, sin inversiones llegando y sin crecimiento económico, la gobernabilidad se vuelve un concepto abstracto. Los trabajadores siguen en la informalidad, el ajuste fiscal sigue reduciendo empleo público, y la inflación sigue siendo un problema. Para un Gobierno que aspira a llegar al 2027 con posibilidades de reelección, este es el primer test. Si no lo pasa, el resto se desmorona.